Chile tiene más de 400 mil regulaciones señala el trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. El subsecretario Karlfranz Koehler dijo que se evaluará la creación y entrenamiento del primer agente estatal de inteligencia artificial dedicado a la conciliación normativa.
Un instrumento técnico que establece una metodología común para que todos los organismos del Estado que evalúan regulaciones, normativas y leyes lo hagan bajo criterios compartidos, entregó este viernes la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) al Gobierno de Chile.
El trabajo denominado “Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones, surge en un contexto donde la evaluación ex post de las regulaciones se realiza de manera fragmentada entre distintos servicios, con instrumentos que responden a criterios, metodologías y alcances diversos, sin un enfoque común que permita comparar resultados o generar aprendizaje a nivel del Estado.
Durante la actividad de entrega formal del documento, realizada en el Ministerio de Economía, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, destacó el trabajo de la CNEP como una referencia que contribuye a la rendición de cuentas. “Se refuerza con esto la confianza en las instituciones, al evidenciar la disposición del Estado a revisar si los objetivos de una regulación se están cumpliendo. No podemos seguir acumulando regulaciones y, muchas veces sobre regulando, sin evaluar si esas normas son efectivas y si los costos asociados se justifican a la luz de los beneficios obtenidos”, afirmó.
“Chile tiene más de 400 mil regulaciones vigentes y nadie —ni el Estado, ni las empresas, ni los ciudadanos— puede procesarlas en su totalidad. Desde el Ministerio de Economía vamos a explorar la creación y entrenamiento del primer agente estatal de inteligencia artificial dedicado a la conciliación normativa. Un sistema capaz de detectar contradicciones, mapear duplicaciones y proponer armonizaciones entre las normas que ya tenemos. No se trata de legislar más, sino de hacer convivir mejor lo que ya está vigente”, agregó.
Por su parte, el presidente de la CNEP, Pablo García, al ahondar en los desafíos que enfrenta Chile para avanzar hacia una revisión sistemática de las leyes, normas y regulaciones una vez implementadas (evaluación ex post), indicó que es fundamental contar con un sistema que permita evaluar el desempeño y resultados de las normas vigentes.
Algunos de los mecanismos vigentes corresponden a la revisión que realiza el Congreso —a través del Departamento de Evaluación de la Ley— sobre la eficacia de leyes seleccionadas, pero con un alcance limitado: desde su creación ha evaluado solo 13 leyes, la última en 2020. A ello se suman estudios regulatorios desarrollados por la CNEP en sectores específicos.
Correa subrayó que “la calidad de la regulación es una condición básica para el buen funcionamiento del Estado y el desarrollo del país. Tiene un impacto directo en la productividad; incide en los costos de cumplimiento, en los tiempos de inversión, en la competencia, en la capacidad de innovar de las empresas y en sus incentivos a crecer”, indicó.
Un ciclo regulatorio incompleto
El diagnóstico de la CNEP revela que el sistema regulatorio chileno opera con una desconexión profunda entre el diseño de las leyes y su revisión posterior. En este contexto, se precisa que la evaluación de las regulaciones una vez implementadas (ex post) no puede realizarse de manera independiente de la etapa previa (ex ante), ya que sus resultados dependen directamente de los objetivos definidos en su diseño.
El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, explicó que la Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones “establece un marco común de análisis para que los distintos organismos del Estado evalúen regulaciones bajo criterios compartidos. En concreto, define qué preguntas deben formularse, qué información utilizar y cómo estructurar el proceso. Este marco no es rígido, sino adaptable al tipo de regulación, su impacto y la información disponible, permitiendo ajustar el nivel de profundidad según cada caso. Con ello, busca avanzar hacia evaluaciones comparables, consistentes y basadas en evidencia en todo el sector público.
