Biministro García: “Con la aprobación de la Ley de Reajuste damos un paso decisivo en institucionalizar la gobernanza del Comité interministerial de Desarrollo Productivo Sostenible, dotándolo de continuidad jurídica, coordinación interministerial efectiva para trazar una hoja de ruta estratégica para el país”.
En tanto, el articulado que modifica la Ley N° 18.302 tiene por objeto actualizar el régimen de autorizaciones que otorga la Comisión Chilena de Energía Nuclear, incorporando plazos máximos más acotados.
El Congreso de la República aprobó la Ley de reajuste del sector público que, además de establecer una modificación general de las remuneraciones del sector público, incorporó diversas indicaciones impulsadas para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para fortalecer la institucionalidad del Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) y para actualizar los procesos de autorización contemplados en la Ley de Seguridad Nuclear.
De acuerdo con la normativa aprobada, se creó por ley el Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible, estableciéndolo como un órgano asesor y de coordinación interministerial, cuyo objetivo base es fortalecer la consistencia, coherencia y eficiencia de las políticas públicas en esta materia
Así, es reconocido como sucesor y continuador legal del Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo, el cual fue creado por el Ministerio de Economía el 29 de diciembre de 2022 mediante el decreto N° 104, permitiendo la continuidad jurídica e institucional a esta instancia estratégica.
De esta manera, la iniciativa dispone que el Comité será presidido por el Ministerio de Economía, e integrado por otras carteras como Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Minería y Ciencia, contando, además, con una Secretaría Ejecutiva radicada en la Subsecretaría de Economía, que será la encargada de dar apoyo técnico y administrativo para facilitar la coordinación interinstitucional.
Al respecto, el biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, comentó que “con esta aprobación, damos un paso decisivo en institucionalizar la gobernanza del Comité interministerial de Desarrollo Productivo Sostenible, dotándolo de continuidad jurídica, coordinación interministerial efectiva para trazar una hoja de ruta estratégica para el país”.
En materia regulatoria, la aprobación de la disposición introdujo modificaciones sustantivas a la Ley de Seguridad Nuclear, estableciendo plazos máximos de tramitación para las autorizaciones de competencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), diferenciados según el tipo y complejidad de las instalaciones y solicitudes.
En particular, se redujeron los plazos para las autorizaciones de instalaciones radiactivas dependiendo del tamaño del proyecto, pasando de plazos que actualmente van entre los 60 a 240 días hábiles, a plazos que irían entre 30 a 60 días para autorizaciones de instalaciones radiactivas de primera categoría de complejidad estándar.
Asimismo, se fijó como plazo máximo 30 días para resolver las solicitudes de autorización especial para que determinado número de personas pueda trabajar y realizar funciones en cada instalación, planta, centro, laboratorio o equipo nuclear o radioactivo, según condiciones físicas, síquicas y profesionales; y hasta 240 días para instalaciones de alta complejidad (incluyendo sanitarias como ciclotrones).
La normativa mantiene la posibilidad de suspender plazos de manera excepcional y fundada, resguardado los principios de celeridad, eficiencia y eficacia administrativa y permite priorizar autorizaciones con fines sanitarios, tales como radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear.
La aprobación de esta indicación fue valorada por el jefe de cartera, quien señaló que “este avance legislativo es una señal concreta de que el Estado puede modernizar su regulación sin renunciar a los máximos estándares de seguridad. Al reducir los plazos y priorizar las autorizaciones con fines sanitarios, estamos dando respuesta efectiva a las necesidades del sistema de salud, asegurando que hospitales y centros especializados accedan oportunamente a tecnología indispensable para sus pacientes”.
