El Decreto con Fuerza de Ley fija plazo y obligaciones para que todos los órganos del Estado identifiquen y digitalicen sus autorizaciones sectoriales.
En 2025 la plataforma SUPER cerró con 251 trámites disponibles, superando la meta autodefinida para el periodo.
Biministro García: “Es un diseño técnico que define obligaciones claras para los órganos del Estado, establece plazos realistas y habilita de cara al ciudadano una tramitación digital única a través de la plataforma SUPER”.
El Gobierno dio un nuevo paso en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), tras la publicación en el Diario Oficial del Decreto de Fuerza de Ley N°2/2025 (DFL), que determina la gradualidad de la aplicación de la normativa y establece obligaciones que deberían cumplir los órganos sectoriales para habilitar la tramitación digital de permisos a través del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER).
El decreto fija, por primera vez, plazos obligatorios y exigibles para que los órganos del Estado identifiquen, sistematicen y publiquen sus procedimientos de autorizaciones sectoriales, y adopten progresivamente a SUPER como el único canal oficial de información, presentación de solicitudes, avisos y declaraciones juradas.
Al respecto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, señaló que “este decreto es la expresión concreta del trabajo que hemos venido desarrollando para que la Ley de Autorizaciones Sectoriales se implemente de manera ordenada, gradual y responsable. Este nuevo paso da cuenta que existe un diseño técnico que define obligaciones claras para los órganos del Estado, establece plazos realistas y habilita de cara al ciudadano una tramitación digital única a través de SUPER, mejorando así la eficiencia del Estado y otorgando mayor certeza a los proyectos de inversión”.
Este avance se produce luego de que la plataforma SUPER batiera la meta autodefinida para 2025, cerrando el año con más de 250 trámites disponibles en línea, lo que permitió consolidar su operación como infraestructura digital habilitante para la implementación de la ley.
El decreto establece que, en una primera fase, los órganos sectoriales deberán remitir a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión información detallada sobre los procedimientos de su competencia, incluyendo los trámites que los componen, los plazos aplicables, los efectos del silencio administrativo, los antecedentes requeridos y los formularios únicos necesarios para iniciar solicitudes o utilizar técnicas habilitantes alternativas, los que serán publicados y gestionados a través de SUPER.
Asimismo, para cumplir con la segunda fase “de tramitación”, los servicios deberán adoptar la plataforma como el único canal válido para la presentación de solicitudes de autorizaciones sectoriales, para obtener información sobre su estado de avance y fuente de notificaciones de los actos administrativos dictados durante la tramitación de los procedimientos. Para ello, será necesario que cada organismo interopere con SUPER los datos que formen parte de los expedientes electrónicos de cada solicitud.
Los órganos que están obligados a integrar sus procedimientos a SUPER se dividen en dos grupos. El Grupo A considera a ministerios, servicios públicos y entidades de derecho público con competencias habilitantes, mientras que el Grupo B incluye a municipalidades, direcciones de obras municipales, secretarías regionales ministeriales de Salud y gobiernos regionales.
La aplicación de estas obligaciones será gradual. La Fase 1, referida a la identificación y publicación de procedimientos, requisitos y formularios, deberá completarse a más tardar el 29 de junio de 2026 para ambos grupos. En tanto, la Fase 2 de tramitación deberá concluir el 31 de diciembre de 2026 para el Grupo A y el 31 de diciembre de 2027 para el Grupo B.
Con este hito, el Gobierno continúa avanzando en la modernización del Estado y en la construcción de un sistema de permisos más transparente y eficiente, que contribuya al desarrollo de proyectos, la reactivación económica y el crecimiento sostenible del país.
