La iniciativa apunta a reducir la burocracia y fortalecer la certeza jurídica para facilitar las inversiones en el país, lo que permitirá generar mayor crecimiento y nuevos empleos.

Sábado, 1 de junio de 2019. La Comisión de Economía del Senado terminó de votar en particular el proyecto de Ley Pro Inversión promovido por el Gobierno, que busca disminuir la burocracia estatal y generar una mayor certeza jurídica para facilitar las inversiones en el país y crear nuevos puestos de trabajo.

La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, es impulsada por el Ministerio de Economía y establece un conjunto de modificaciones legales que tienen como objetivo reducir trámites y plazos para el establecimiento de proyectos de inversión, otorgando mayores certezas jurídicas.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente valoró el despacho del texto e indicó que “lo que buscamos es generar raíces sólidas al crecimiento económico del país para alcanzar el desarrollo. A través de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) hemos hecho un catastro de proyectos de inversión por más de US$70 mil millones que tienen la capacidad de generar más de 300 mil nuevos empleos. Este proyecto viene a reforzar ese potencial de inversiones y de creación de puestos de trabajo para los chilenos”.

Dentro de las iniciativas que contempla el proyecto está el reforzamiento del Servicio de Evaluación Ambiental como “ventanilla única”, la extensión a dos años de las patentes comerciales provisorias entregadas por municipios, trámites en línea a través de la plataforma digital de la Dirección de Obras Municipales, entre otros aspectos.

En cuanto a plazos, el proyecto Pro Inversión busca reducir en seis meses el plazo promedio de la aprobación ambiental de los proyectos privados. Actualmente, la obtención de permisos, en las agencias de regulación medioambiental, demora en promedio 2,3 años (27 meses), por lo que, si se aprueban los cambios legales propuestos, dicho proceso se reduciría a 21 meses. De este modo, la duración promedio de los trámites para materializar una inversión se sitúa entre 4 y 5 años y en caso de los proyectos judicializados, el plazo puede aumentar a 10 años.

El proyecto de Ley Pro Inversión será analizado a continuación por la Comisión de Medio Ambiente del Senado. “Esperamos una rápida tramitación en las instancias que le quedan a este proyecto para su aprobación y así contribuir al aumento de la inversión y la creación de nuevos empleos”, finalizó el ministro Valente.