• Esto luego que la Comisión de Constitución y posteriormente la Comisión de Hacienda del Senado despacharan esta iniciativa, que busca fortalecer la institucionalidad y aumentar las sanciones para quienes se coludan.
Sanciones que van desde los 3 años y un día hasta los 10 años, con cárcel efectiva de a lo menos 1 año, para quienes se coludan, contempla el proyecto de ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia, iniciativa que será votada por la Sala del Senado y posteriormente en la Sala de la Cámara de Diputados. Esto luego que fuera despachado, este miércoles, en las comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado.
El proyecto, que va en línea con las jurisdicciones de países como Estados Unidos, Canadá o Australia, busca que las personas y empresas que participan de estos actos que alteran la libre competencia sean sancionadas como corresponde.
El proyecto castiga con multas de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrado en la colusión o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. De esta manera, la legislación asegurará que las multas sean efectivamente disuasivas.
A su vez las personas sancionadas también tendrán como pena la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales o cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales o colegios profesionales, por un plazo de 7 años y un día a 10 años.
Respecto a la delación compensada, este proyecto indica que el delator que primero haya aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) estará exento de responsabilidad penal, mientras que al segundo delator (que aporte antecedentes adicionales a los dados por el primero) se le rebajará en un grado la pena, cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
La iniciativa además establece que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia será quien resolverá las demandas por indemnización de perjuicios que interpongan los consumidores, una vez que el proceso destinado a verificar las infracciones a la libre competencia haya finalizado con sentencia condenatoria.
Por último, otro aspecto relevante, es que este proyecto propone radicar el procedimiento de control preventivo y obligatorio de operaciones de concentración en la Fiscalía Nacional Económica. Los agentes económicos deberán notificar todas las operaciones más relevantes para nuestros mercados antes que sean perfeccionadas, para que luego la FNE determine si procede autorizarlas en la medida que no reduzcan sustancialmente la competencia.
