En abril de 2016, y tras un trabajo que incluyó la participación de variadas organizaciones públicas, gremios y académicos, la OCDE entregó el estudio “Política Regulatoria en Chile” que fuese encargado por el Ministerio de Economía en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En este estudio se analiza y se entregan una serie de recomendaciones para fortalecer la institucionalidad y prácticas regulatorias en Chile, incluyendo aspectos tales como las capacidades administrativas para formular nuevas regulaciones, la gestión regulatoria, cumplimiento, evaluación ex post y gobernanza en sus distintos niveles, entre otros. Además, se realizó un análisis sectorial de la regulación en materia de permisos de construcción, empresas de menor tamaño y gobierno digital.

Una de las principales recomendaciones del estudio es establecer al más alto nivel una política de gobierno para abordar los temas regulatorios, incluyendo dentro otras cosas una instancia de coordinación y las capacidades y procesos necesarios para llevar a cabo evaluaciones de impacto regulatorio.

En base a ello la Presidenta de la República emitió un instructivo mandatando a que los proyectos de ley que ingresen al Congreso Nacional y que involucren aspectos regulatorios sean acompañados de un informe que establezca los impactos en la productividad. El mismo instructivo detalla los aspectos que deben ser abordados es dicho informe los que están en línea con las recomendaciones de mejores prácticas regulatorias de la OCDE, incluyendo un análisis costo beneficio de la regulación. En una primera etapa de implementación, los informes serán elaborados para los proyectos de ley que sean presentados por los ministerios del área económica.

Además, y para dar seguimiento y cumplimiento al instructivo presidencial, se creó un comité interministerial como una instancia de coordinación entre los ministerios involucrados en la elaboración de estos informes. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará a cargo de la secretaría ejecutiva de este Comité y proveerá de apoyo técnico a los restantes ministerios en la elaboración del informe.

De acuerdo a lo establecido en el instructivo, a los seis meses desde el inicio de la aplicación del instructivo, los ministerios de Hacienda y Economía, realizarán una evaluación del funcionamiento de esta iniciativa. De acuerdo a ello recomendarán mejoras a la implementación del presente instructivo.