Autoridad económica acudió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por Proyecto de Ley que regula la creación y funcionamiento de las empresas de Beneficio e Interés Colectivo.
La Subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili acudió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados –presidida por el Diputado Sergio Espejo-, para exponer sobre la regulación, la creación y funcionamiento de las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (Empresas BIC), donde realizó una presentación indicando que el gobierno busca fomentar la economía social incentivando a aquellas unidades económicas que deseen realizar sus negocios generando un impacto positivo en la comunidad y mitigando los efectos negativos.
De esta manera, explicó la Subsecretaria Piergentili, “el proyecto busca que los estándares corporativos tengan un respeto por la transparencia, por las normas sobre corrupción y colusión empresarial y para ello se busca cumplir con el mandato de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, específicamente con el objetivo número 12 sobre producción y consumo responsable.”.
Para esto, “queremos tener una denominación que hable de empresas que tienen un interés y un impacto social , además que este rotulo haga que las empresas vayan encaminadas hacia todos aquellos pactos y agendas que Chile ha suscrito y que se encuentran un tanto inconexas, categorizándolas y creando estándares corporativos , sabiendo que los estándares solicitados a una PYME, son distintos a los solicitados a una megaempresa, por lo que se busca establecer estándares beneficios social claros y concisos para ambas empresas”.
“Es decir buscamos que este proyecto logre establecer una alianza público privada para que los estados y los privados puedan en conjunto identificar a aquellos actores económicos que realizan una actividad económica pero diferente a las otras”, dijo la Subsecretaria.
REGISTRO VOLUNTARIO
Piergentili en su presentación explicó que una de las iniciativas del proyecto es establecer un Registro Voluntario para las empresas con el cual permitirá que al estar reconocida una empresa de beneficio colectivo pueda construir estrategias y políticas de inversión contando con prácticas sostenibles, permitiendo en su gestión interna contar con estándares para medir, valorar y mitigar los riesgos que su actividad comercial produce.
“Lo que queremos es llegar a un acuerdo público donde el Estado le manifieste a las empresas cuales son los estándares mínimos para reconocerla como una empresa de interés colectivo y que en ese contexto tenga un registro donde va a pedir una serie de requisitos y donde, si la empresa legítimamente es de interés colectivo, no le cueste reunirlos. De esta manera el registro permita que todo el mercado asociado a la elaboración de ranking por una parte esté más regulado porque el Estado va señalar cuáles son sus mínimos y por otra parte porque es importante hoy día relevar este tipo de empresas que puedan en el corto plazo tener acción afirmativa para las compras”, señaló la autoridad económica.
